El Gobierno quiere que se penalice la violencia familiar

20.01.2008 | Clarín.com | Zona



TEMA DEL DOMINGO | UN FLAGELO EN AUMENTO
El Gobierno quiere que se penalice la violencia familiar






Por ahora sólo se castiga cuando se provocan lesiones físicas graves. El proyecto prevé sanciones también para agravios psicológicos o maltratos menores. Ya hay 50 mil denuncias al año en Capital y Buenos Aires.

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Gerardo Young.



Hoy se los expulsa de la casa, se los aleja de los chicos, se les prohíbe arrimarse al barrio. Pero no hay caso: cada tanto, alguno viola las reglas y se convierte en un asesino. Una serie de crímenes nacidos y criados en la violencia familiar ha vuelto a encender las alarmas por un drama que se multiplica. El Gobierno planea un golpe para intentar detenerlo, con la creación de una ley que permita sancionar a los violentos antes de que hagan demasiado daño.

El proyecto de la "Ley de Violencia en el núcleo familiar" está desde hace tres semanas en el despacho del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y será enviado al Congreso en marzo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias. De aprobarse, facultará a los jueces a sancionar (con la cárcel, incluso) a los que agredan a su entorno, aun cuando sean daños psicológicos o maltratos "menores". Hasta hoy, la Justicia sólo castiga a los agresores cuando provocan lesiones físicas a sus víctimas, cuando llegan al punto de convertirse en un delito como "lesiones", "violación", "homicidio". "Hay que dejar de tratar a los violentos como enfermos. Los jueces tienen que tener herramientas para sancionarlos", explica Zaida Gatti, subdirectora del Programa para las Víctimas de la violencia del ministerio de Justicia, donde Eva Giberti -la directora- redactó el proyecto.

La violencia doméstica no es nueva, pero en los últimos años se han multiplicado las denuncias. En la provincia de Buenos Aires se calcula que hubo en 2007 más de 35 mil denuncias (28 mil se contaban hasta septiembre), contra 8.353 de 2005. Y en la Capital ya se cuentan unas 15 mil denuncias al año. Las víctimas, eso sí, se mantienen en el tiempo: son mujeres. "En un 95 por ciento", dicen en la Dirección de la Mujer del gobierno porteño.

El aumento de las denuncias muestra una importante toma de conciencia del problema, pero las víctimas suelen quedar expuestas a embrollos policiales o judiciales que no ofrecen soluciones. Ya no como hace algunos años, cuando en las comisarías mandaban a la denunciante de vuelta a su casa, pero sí con cierta desprotección. Un ejemplo con sangre fue el doble crimen de San Cristóbal, en las primeras horas de este año, cuando el albañil Fernando Sánchez, de 33 años, mató a sus suegros. Al reconstruir su historia, Clarín comprobó que Sánchez había sido denunciado por su ex mujer dos veces y era investigado por la Justicia en dos causas diferentes. En uno de esos procesos, en la Justicia civil, se le había prohibido acercarse a su familia. En el otro, en la Justicia penal, se lo investigaba por la posible violación de su ex. A pesar de esos antecedentes, Sánchez acudió esa noche a la casa familiar y luego de discutir con sus suegros, los mató.

Los especialistas consultados por Clarín coinciden en marcar las falencias en los sistemas de prevención. En primer lugar, la falta de eficacia de la prohibición de acercamiento al hogar. Esas prohibiciones son, en realidad, advertencias, ya que las fuerzas de seguridad no pueden poner un custodio a cada denunciante. El cumplimiento de la medida depende de que la víctima llame a la comisaría si el agresor se presenta en su casa. ¿Y si llega a escondidas, como el asesino de San Cristóbal, que trepó por los techos de la casa vecina?

La sanción penal, creen en el Gobierno, podría achicar estos riesgos. En el proyecto del ministerio de Justicia no se contemplan penas todavía -quieren que las defina el Congreso-, pero la idea es que al maltratador se lo pueda meter preso. Hay países, como España, donde se contratan custodios privados para cuidar a las víctimas, pero eso supone una inversión gigantesca (ver En España...). Distinto es en Estados Unidos, donde no hay tantas prevenciones, pero si duras sanciones por si algo falla. Cristina Bertelli, de la Asociación de Prevención de Violencia Familiar, cuenta que si un policía estadounidense no reacciona ante una denuncia por violencia familiar, es inmediatamente expulsado. Aquí, sólo la legislación de la provincia de Río Negro prevé multas para los jueces que demoren las investigaciones.

Otro problema es la superposición de jurisdicciones. Si bien hay una ley nacional (la 24.416), cada provincia ha hecho una propia con sus matices y organismos especializados, lo que obliga a las víctimas a tener que informarse sobre dónde acudir y cómo hacerlo. En general, las denuncias donde hay daños probados -una golpiza grave, una violación- van a la Justicia penal, donde se indaga a los acusados y se lleva adelante un proceso penal, con pocos resultados. "Muchas veces se prueba el daño, pero no se puede vincular al golpeador", explica Gatti, del ministerio de Justicia. Fuentes de la Policía Federal admitieron a Clarín que no cuentan con médicos legistas suficientes para hacer los controles de rutina. Y muchas veces la víctima debe esperar tanto al médico, que retira la denuncia.

Violencia psicológica, maltratos o golpes cuyas huellas se han borrado en la noche, suelen acabar en la Justicia civil. Pero allí no se evalúa una sanción para el agresor. Se define la tenencia de los hijos, un acuerdo de alimentos y eventualmente un divorcio. A futuro, el proyecto oficial contempla que los jueces civiles envíen a sus pares del fuero penal una copia de la causa para que se aplique una sanción contra el acusado. Ese sería el gran cambio.

Todos los jueces, civiles o penales, hoy sí suelen tomar las medidas preventivas, como la expulsión del hogar del agresor, y hay algunos que optan por llamar a una audiencia de conciliación al agresor y su víctima. Este método es cuestionado por algunos especialistas, ya que consideran que es una exposición innecesaria para la víctima. Otros jueces optan por enviar al agresor a programas de asistencia psicológica, aunque sus resultados no son certeros. En la Ciudad de Buenos Aires existe desde 1989 una Dirección de atención a las víctimas de violencia sexual, donde reciben cerca de 1.000 denuncias al mes. Allí tienen un programa para la recuperación de hombres violentos. Durante 2007 asistieron 200 hombres. La mitad, en forma voluntaria; apenas 100 enviados por los jueces. El asesino de sus suegros jamás había sido incluido en un estudio de este tipo.

Hay, sobre eso, un debate entre los especialistas. Débora Tomassini, coordinadora de los programas contra la violencia del Gobierno porteño, sostiene que "los violentos son recuperables", aunque admite que "tienen un mejor diagnóstico los que se prestan en forma voluntaria". Gatti, en cambio, cree que eso no tiene sentido: "En su mayoría los violentos no son recuperables. Menos con un tratamiento impuesto".

La violencia doméstica es de género. Hombres contra mujeres en búsqueda del placer que les genera la asimetría de poder. "Un flagelo cultural, una pandemia de este mundo individualista en el que no importa el otro", dice Tomassini. ¿Qué hacer para frenarlo? Más campañas de concientización, sí, ¿pero en qué sentido?: "Hay que terminar con eso de que lo más importante es la familia. Lo que importa es qué tipo de familia", sostiene Bertelli.

Pero también hay que allanarle el camino a las víctimas. Y aquí surgen datos alentadores. La Corte Suprema de Justicia anunció hace dos años la creación de una dirección que atenderá denuncias las 24 horas y ofrecerá asistencia a las víctimas. Se cree -si no siguen los atrasos- que comenzará a funcionar en marzo. Pero hay más: en 2004 la Policía Bonaerense creó su Dirección contra la Violencia de Género, que ya tiene 320 policías y 43 comisarías de la mujer. En octubre de 2006, hizo lo mismo la Policía Federal, con una brigada de 70 policías que asiste al ministerio de Justicia. Por primera vez en años, las políticas de seguridad están incorporando a la violencia doméstica como parte sustancial del problema general. Y no es para menos. La Dirección de la Mujer de la Ciudad calcula que la mitad de los condenados por homicidio ha sufrido antes algún tipo de violencia en el hogar. Eso ocurrió con el autor del doble crimen de San Cristóbal. El lunes 12, Sánchez fue detenido en Tribunales, a donde había junto a su mamá, según dijo, a dar explicaciones. Imperdonables, quizá, pero para tomar en cuenta. Lo que querían decir Sánchez y su mamá es que él había sido golpeado de chico. El círculo de la violencia se había iniciado décadas atrás, entre las paredes de la más íntima confianza.





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