25 de Noviembre - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
25 de Noviembre - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Por la Lic. Gabriela Moffson*
http://www.defensoria.org.ar/mujeres/42.html
En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en el año 1981, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en memoria de las tres hermanas Mirabal de República Dominicana, asesinadas brutalmente por el dictador Rafael Leonidas Trujillo por luchar por la libertad política de su país.
La comunidad internacional no reconoció explícitamente las alarmantes dimensiones de la violencia contra las mujeres a escala mundial hasta diciembre de 1993, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Hasta entonces la mayoría de los gobiernos consideraba la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares y no un problema generalizado que afecta y conculca gravemente los derechos humanos.
La violencia de género es una de las caras más dolorosas de la discriminación. Es un problema social de grandes dimensiones que no se limita a la agresión verbal o física en el ámbito del hogar o del espacio público, sino que es producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad y que atraviesa sin distinción a mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, raza, etnias, edad y religiones. La violencia de género es un flagelo que continúa manifestándose en el mundo, que adquiere nuevas formas de expresión y que demanda políticas y acciones efectivas por parte de los Estados para su erradicación.
Un sinfín de hechos de violencia han vivido y viven las mujeres, que no son comprendidos ni percibidos por gran parte de la sociedad y es precisamente la propia estructura social quien proporciona legitimidad a esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad.
Pero en todas y cada una de sus múltiples formas, la violencia atenta contra la libertad y los derechos humanos, y provoca daños, sufrimiento o muerte en cada mujer que la padece: las desplazadas y refugiadas por la violencia armada y la guerra; las mujeres indígenas; las asesinadas con saña feminicida; la violencia que viven las migrantes; la violencia conyugal; la violencia contra las niñas y las adultas mayores; contra las que sufren algún tipo de discapacidad; la violencia que significa la calle para las mujeres; la prostitución; la pornografía; la trata y el tráfico de personas; la violencia política y jurídica que restringe su ciudadanía plena; la violencia producto de la feminización de la pobreza; el acoso sexual en el lugar de trabajo y en las instituciones educativas; aquella que genera víctimas de sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud; la doble victimización que viven las mujeres cuando recurren a las instituciones públicas para denunciar las situaciones de violencia o para buscar apoyo; la violencia en los medios de comunicación a partir de la construcción y transmisión de estereotipos e imágenes violentas y agresivas hacia las mujeres y de imágenes sexistas; etcétera, etcétera, etcétera.
Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a varones como a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales según el sexo de la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto, se deben en forma específica a su condición de mujer. Los expertos de Naciones Unidas concluyen que “toda persona puede ser víctima de actos de violencia, pero el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su vulnerabilidad”.
Las leyes contra la violencia significaron un importante avance en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y su efectivo ejercicio, y al reconocimiento por parte de los Estados para dar respuesta a las múltiples demandas de la sociedad sobre esta problemática y para su incorporación como política pública. Pero si bien los marcos normativos son imprescindibles, no son suficientes. Las leyes deben traducirse en políticas públicas integrales que aborden la complejidad que tiene el problema, que involucra esferas individuales y colectivas. Más que respuestas a las urgencias, se necesitan estrategias que le den sustentabilidad a la mujer que lucha contra la violencia.
Las leyes por sí mismas no bastan, se requiere el diseño, el cuidado y la puesta en práctica de políticas y planes articulados que recuperen todas esas dimensiones del problema, ya que las mujeres que son víctimas de violencia tienen serias dificultades con su autonomía. Por ejemplo, una vez que se logra excluir al agresor del hogar y se protege a la víctima, ésta debe recuperar la autonomía en la toma de decisiones, el tener dónde vivir, el tener de qué vivir, el tener proyectos de vida, el poder sostener a sus hijos e hijas. Es bastante frecuente que estas mujeres no sean dueñas de sus casas, no tengan salario y que, además, tengan varios hijos e hijas. Entonces, surge el problema de su sustentabilidad, y ante eso no alcanza que se le garantice que no estará nuevamente expuesta como víctima al agresor, sino que debe poder armar un proyecto de vida propio sin el agresor, fuera del circuito de la violencia.
Si bien es más probable que las mujeres sufran las agresiones por parte de conocidos que de extraños y en el ámbito doméstico más que en el ámbito público, no podemos dejar de reconocer que el espacio público se ha vuelto hostil para la población en general, y para las mujeres en particular.
En la actualidad, una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad y de los gobiernos es el incremento de la delincuencia y la violencia urbana y la percepción de inseguridad que experimenta la población como un síntoma común de la vida cotidiana.
Las distintas manifestaciones de violencia urbana constituyen un problema complejo, que involucra a múltiples actores y que es motivo de investigaciones, debates y diversas propuestas por parte de los gobiernos nacionales y locales.
Los hechos de violencia que afectan fundamentalmente a las mujeres son relevantes en todos los países de América Latina. A pesar de ello, se observa que las acciones y políticas públicas sobre la violencia urbana y la inseguridad excluyen la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque se centran en los delitos contra la propiedad y la violencia concomitante a ellos, invisibilizando una problemática social que lamentablemente crece día a día y que afecta y restringe su condición de ciudadanas. Las estrategias de seguridad ciudadana no contemplan las necesidades y demandas específicas de seguridad provenientes de las mujeres.
Existe además otro problema, que es la escasa denuncia por parte de las mujeres de las agresiones que sufren; esto se debe fundamentalmente a la violencia institucional de las que son objeto por parte de la policía y la justicia, y a la responsabilidad y culpabilidad que se les adjudica a ellas por lo que hicieron o dejaron de hacer, y no al victimario.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2005, determina que cada 18 segundos una mujer es agredida en el mundo. El estudio da como resultado que en todos los casos de las 24.000 entrevistas que se realizaron en 10 países de diverso grado de desarrollo, el patrón que sostiene la violencia contra las mujeres es el mismo: desconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos humanos, la discriminación y el machismo.
Los gobiernos deben asumir su responsabilidad para erradicar la violencia de género, cumpliendo con los compromisos asumidos al ratificar las convenciones e instrumentos internacionales que condenan la violencia contra las mujeres. Es necesario que reconozcan la violencia de género como un problema socio-cultural para poder abordarlo con estrategias integrales, que incluyan la atención y prevención de la misma, así como la promoción de los derechos de las mujeres.
Las mujeres no somos un colectivo desfavorecido en un lugar o período histórico, somos un género que ha sido discriminado universalmente en todos los tiempos históricos. No somos minoría étnica, cultural, religiosa o ideológica. Somos sencillamente el otro sexo, la mitad de la humanidad. Y no somos un grupo homogéneo, presentamos diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales, de orientación sexual, etcétera.
Las invito y los invito a que reflexionemos juntos para romper con esa cultura generalizada de abandono y de negación de la violencia contra las mujeres, niñas, y adolescentes, y nos comprometamos a cambiarla.
*Jefa del Área de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Coordinadora por la Región del Cono Sur de la Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Compilación y coordinación editorial: Lic. Gabriela Moffson
Edición: Mariana Oliveri
Diseño: Lic. Luciana Garrido, Silvana Ferrary y Martín Balbi
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Área de Relaciones Institucionales
Venezuela 842 (C1095AAR)
Tel: (54-11) 4338-4900 internos 5585 / 5588
Correo electrónico: boletinmujeres@defensoria.org.ar
Por la Lic. Gabriela Moffson*
http://www.defensoria.org.ar/mujeres/42.html
En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en el año 1981, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en memoria de las tres hermanas Mirabal de República Dominicana, asesinadas brutalmente por el dictador Rafael Leonidas Trujillo por luchar por la libertad política de su país.
La comunidad internacional no reconoció explícitamente las alarmantes dimensiones de la violencia contra las mujeres a escala mundial hasta diciembre de 1993, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Hasta entonces la mayoría de los gobiernos consideraba la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares y no un problema generalizado que afecta y conculca gravemente los derechos humanos.
La violencia de género es una de las caras más dolorosas de la discriminación. Es un problema social de grandes dimensiones que no se limita a la agresión verbal o física en el ámbito del hogar o del espacio público, sino que es producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad y que atraviesa sin distinción a mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, raza, etnias, edad y religiones. La violencia de género es un flagelo que continúa manifestándose en el mundo, que adquiere nuevas formas de expresión y que demanda políticas y acciones efectivas por parte de los Estados para su erradicación.
Un sinfín de hechos de violencia han vivido y viven las mujeres, que no son comprendidos ni percibidos por gran parte de la sociedad y es precisamente la propia estructura social quien proporciona legitimidad a esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad.
Pero en todas y cada una de sus múltiples formas, la violencia atenta contra la libertad y los derechos humanos, y provoca daños, sufrimiento o muerte en cada mujer que la padece: las desplazadas y refugiadas por la violencia armada y la guerra; las mujeres indígenas; las asesinadas con saña feminicida; la violencia que viven las migrantes; la violencia conyugal; la violencia contra las niñas y las adultas mayores; contra las que sufren algún tipo de discapacidad; la violencia que significa la calle para las mujeres; la prostitución; la pornografía; la trata y el tráfico de personas; la violencia política y jurídica que restringe su ciudadanía plena; la violencia producto de la feminización de la pobreza; el acoso sexual en el lugar de trabajo y en las instituciones educativas; aquella que genera víctimas de sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud; la doble victimización que viven las mujeres cuando recurren a las instituciones públicas para denunciar las situaciones de violencia o para buscar apoyo; la violencia en los medios de comunicación a partir de la construcción y transmisión de estereotipos e imágenes violentas y agresivas hacia las mujeres y de imágenes sexistas; etcétera, etcétera, etcétera.
Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a varones como a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales según el sexo de la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto, se deben en forma específica a su condición de mujer. Los expertos de Naciones Unidas concluyen que “toda persona puede ser víctima de actos de violencia, pero el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su vulnerabilidad”.
Las leyes contra la violencia significaron un importante avance en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y su efectivo ejercicio, y al reconocimiento por parte de los Estados para dar respuesta a las múltiples demandas de la sociedad sobre esta problemática y para su incorporación como política pública. Pero si bien los marcos normativos son imprescindibles, no son suficientes. Las leyes deben traducirse en políticas públicas integrales que aborden la complejidad que tiene el problema, que involucra esferas individuales y colectivas. Más que respuestas a las urgencias, se necesitan estrategias que le den sustentabilidad a la mujer que lucha contra la violencia.
Las leyes por sí mismas no bastan, se requiere el diseño, el cuidado y la puesta en práctica de políticas y planes articulados que recuperen todas esas dimensiones del problema, ya que las mujeres que son víctimas de violencia tienen serias dificultades con su autonomía. Por ejemplo, una vez que se logra excluir al agresor del hogar y se protege a la víctima, ésta debe recuperar la autonomía en la toma de decisiones, el tener dónde vivir, el tener de qué vivir, el tener proyectos de vida, el poder sostener a sus hijos e hijas. Es bastante frecuente que estas mujeres no sean dueñas de sus casas, no tengan salario y que, además, tengan varios hijos e hijas. Entonces, surge el problema de su sustentabilidad, y ante eso no alcanza que se le garantice que no estará nuevamente expuesta como víctima al agresor, sino que debe poder armar un proyecto de vida propio sin el agresor, fuera del circuito de la violencia.
Si bien es más probable que las mujeres sufran las agresiones por parte de conocidos que de extraños y en el ámbito doméstico más que en el ámbito público, no podemos dejar de reconocer que el espacio público se ha vuelto hostil para la población en general, y para las mujeres en particular.
En la actualidad, una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad y de los gobiernos es el incremento de la delincuencia y la violencia urbana y la percepción de inseguridad que experimenta la población como un síntoma común de la vida cotidiana.
Las distintas manifestaciones de violencia urbana constituyen un problema complejo, que involucra a múltiples actores y que es motivo de investigaciones, debates y diversas propuestas por parte de los gobiernos nacionales y locales.
Los hechos de violencia que afectan fundamentalmente a las mujeres son relevantes en todos los países de América Latina. A pesar de ello, se observa que las acciones y políticas públicas sobre la violencia urbana y la inseguridad excluyen la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque se centran en los delitos contra la propiedad y la violencia concomitante a ellos, invisibilizando una problemática social que lamentablemente crece día a día y que afecta y restringe su condición de ciudadanas. Las estrategias de seguridad ciudadana no contemplan las necesidades y demandas específicas de seguridad provenientes de las mujeres.
Existe además otro problema, que es la escasa denuncia por parte de las mujeres de las agresiones que sufren; esto se debe fundamentalmente a la violencia institucional de las que son objeto por parte de la policía y la justicia, y a la responsabilidad y culpabilidad que se les adjudica a ellas por lo que hicieron o dejaron de hacer, y no al victimario.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2005, determina que cada 18 segundos una mujer es agredida en el mundo. El estudio da como resultado que en todos los casos de las 24.000 entrevistas que se realizaron en 10 países de diverso grado de desarrollo, el patrón que sostiene la violencia contra las mujeres es el mismo: desconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos humanos, la discriminación y el machismo.
Los gobiernos deben asumir su responsabilidad para erradicar la violencia de género, cumpliendo con los compromisos asumidos al ratificar las convenciones e instrumentos internacionales que condenan la violencia contra las mujeres. Es necesario que reconozcan la violencia de género como un problema socio-cultural para poder abordarlo con estrategias integrales, que incluyan la atención y prevención de la misma, así como la promoción de los derechos de las mujeres.
Las mujeres no somos un colectivo desfavorecido en un lugar o período histórico, somos un género que ha sido discriminado universalmente en todos los tiempos históricos. No somos minoría étnica, cultural, religiosa o ideológica. Somos sencillamente el otro sexo, la mitad de la humanidad. Y no somos un grupo homogéneo, presentamos diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales, de orientación sexual, etcétera.
Las invito y los invito a que reflexionemos juntos para romper con esa cultura generalizada de abandono y de negación de la violencia contra las mujeres, niñas, y adolescentes, y nos comprometamos a cambiarla.
*Jefa del Área de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Coordinadora por la Región del Cono Sur de la Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Compilación y coordinación editorial: Lic. Gabriela Moffson
Edición: Mariana Oliveri
Diseño: Lic. Luciana Garrido, Silvana Ferrary y Martín Balbi
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Área de Relaciones Institucionales
Venezuela 842 (C1095AAR)
Tel: (54-11) 4338-4900 internos 5585 / 5588
Correo electrónico: boletinmujeres@defensoria.org.ar
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